Alto al desmantelamiento de la Sanidad Pública, por D. Urzaiz

Publicado: 07/11/2012 en Noticias

La respuesta de  trabajadores sanitarios y de usuarios a las agresiones a la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar.

Ignacio González, sucesor de Esperanza Aguirre, rivaliza con ella en prepotencia y osadía ultra-liberal.

A las medidas aprobadas por el Gobierno que sustituían el principio del derecho universal a la atención sanitaria, por la situación de asegurado, excluyendo de la misma a grupos poblacionales como los inmigrantes no regularizados, el incremento de copagos y establecimiento del mismo en prestaciones que hasta entonces no existía (prótesis, trasporte sanitario…)  se suma las medidas de la Comunidad de Madrid.

Con la presentación de los presupuestos del 2013 se profundizan las medidas de recortes y privatizaciones tanto en los hospitales nuevos, como en los públicos, además, se comenzará la privatización de la Atención Primaria. A esto se añade el incremento del precio de los medicamentos con el cobro de un euro por receta. Todo ello provocará en lo inmediato miles de despidos y la desintegración del sistema sanitario público madrileño.

Un primer resumen de las medidas que ya han difundido diferentes sindicatos y colectivos son:

Los nuevos hospitales de tipo concesión de obra (empresas privadas los construyeron y la CAM les dejó  la explotación de los servicios no sanitarios) como los de Vallecas, Arganda, Coslada, Aranjuez, S.Sebastian de los Reyes y Parla se privatiza la parte sanitaria.

Conversión de La Princesa en una especie de Geriátrico, “Hospital de alta especialización de personas mayores” con “adecuación y dotación de plantillas a estas características” y del Carlos III en un centro de media y larga estancia, con traslado de profesionales a otros centros. Y el Instituto de Cardiología se pasa a Unidad de Cardiología del Hospital Clínico: con la correspondiente adscripción y amortización de personal.

Se concentran en 4 hospitales todos los laboratorios de los h. públicos: La Paz, 12 de Octubre, Puerta de Hierro y otro por determinar, con la consiguiente redistribución de personal (fijos desplazarían a eventuales e interinos). Y desaparición o externalización de la UCR (por decidir), dejando de ser Empresa Pública. Todo esto afectaría a más de 5.500 profesionales.

Privatización de los servicios no sanitarios de los 36 hospitales públicos. No se especifica si se refiere sólo a las 26 categorías laborales que se contemplaba en el anterior presupuesto que se externalizarían, o incluye también las actividades que realizan celadores y auxiliares administrativas. Privatización de la Lavandería de Mejorada del Campo. Traslado del personal fijo no sanitario del Hospital Puerta de Hierro a otros centros sanitarios y amortización de sus plazas.

Privatización de un 10% de los Centros de Salud de AP, mediante la formula de cooperativas (modelo EBAS) o similares, si no se puede directamente a través de empresas externas.

Se establecerá un Plan de Recursos Humanos y se fijarán las plantillas para el próximo ejercicio y futuro… Esto lleva aparejado la pérdida de miles de puestos de trabajo, la movilidad forzosa y otras situaciones claramente lesivas para el conjunto de los trabajadores del sector. Se trata de una verdadera reconversión. Y aunque se mantengan unos procesos selectivos en curso para algunas categorías, la ilusión por un destino o una plaza en propiedad en este contexto, no podrá escapar de la cruda realidad presidida por la precarización (con ETT presidiendo la contratación), y la desregulación de todos los derechos sujetos a derecho administrativo.

A ello hay que añadir el tema de los ERE para los laborales, los cuales son mayoría en los antiguos hospitales de la Comunidad, como el Gregorio Marañón.

En definitiva unos presupuestos menores que los de hace 5 años, y que se emplearán, en gran medida, en costear empresas privadas que se lucrarán con estos fondos públicos. Un servicio público desmantelado y una AP abierta a fórmulas privatizadas donde lo que prima es la cuenta de resultados. Y, por encima de todo, miles de despidos con el consiguiente aumento de las cargas de trabajo, y un deterioro de la calidad asistencial que tendrá un impacto muy negativo en la salud de la ciudadanía.

La tremenda agresión que todas estas medidas suponen para la Sanidad Pública, para los trabajadores y  usuarios, es decir para todos los ciudadanos, exige una respuesta proporcional a la agresión, muchas pueden no ponerse en marcha si hay una fuerza que lo pare.

Madrid 5 noviembre 2012

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