Consejo Confederal de CCOO: Se ha impuesto la cobardía

Publicado: 13/01/2011 en Comunicados
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La Huelga General del 29S fue precedida de un largo periodo de titubeos e indecisión de la dirección de CCOO respecto a las medidas a adoptar en respuesta a los brutales planes puestos en marcha por el gobierno Zapatero. Su actitud terminó por trasladar al estado de ánimo de los trabajadores una peligrosa sensación de impotencia y desánimo. La concentración del 9 de septiembre en el Palacio Vista Alegre de Madrid, que reunió a más de 20.000 delegados sindicales en un ambiente de combatividad, supuso un cambio radical y probó que la campaña antisindical de todos los medios de propaganda burgueses no iba a ser capaz de evitar una respuesta contundente de los trabajadores.

El desarrollo de la Huelga demostró, como ya indicábamos en nuestra valoración, que la clase obrera española, a pesar de todos los obstáculos, insuficiencias y temores, mantenía un alto nivel de combatividad.

La huelga, como era de esperar,  provocó una grave crisis de Gobierno, pero no un cambio de su política; y es que los gobiernos (el nacional y los autonómicos, del PSOE, del PP o nacionalistas) actúan siguiendo criterios de clase, representan los intereses de una minoría oligárquica que controla los resortes de poder efectivo en la España monárquica. Los intereses electorales cuentan, qué duda cabe; pero, por encima de ellos, la dirección del PSOE, aunque se haya labrado un más que probable desastre en las urnas, actúa con la lógica propia de los lacayos de la gran patronal empresarial y financiera.

El 3 de diciembre, Zapatero hacía públicas nuevas medidas contra los trabajadores y adelantaba al 28 de enero el plazo para imponer la reforma de las pensiones. En el campo sindical seguían las dudas, miedos y ambigüedades (el reaccionario Carlos Bravo, por ejemplo, responsable confederal de Seguridad Social, militante del PSOE y fidalguista declarado, nunca ha ocultado su apoyo a los fondos de pensiones y su aceptación de los principales recortes anunciados en la reforma, ni ha perdido ocasión de boicotear todo intento de debate interno sobre el tema). Pero formalmente se insistía en  que la lucha continuaba: varios secretarios generales, el propio Toxo y alguno de sus colaboradores más cercanos llegaron a considerar inminente la convocatoria de una segunda Huelga General; la reunión de secretarios generales de CCOO, celebrada a finales de diciembre, puso fecha a las movilizaciones: el 22 de enero una marcha a Madrid y una Huelga General en febrero; el Madrid Sindical titulaba en la portada de su número de enero: «Si esto no cambia, en enero habrá Huelga General».

Todo ello no ha evitado que el Consejo Confederal celebrado el 11 de enero diera un giro de 180 grados, al aceptar continuar la negociación con el Gobierno y renunciar a convocar nuevas movilizaciones. Se ha impuesto la cobardía.

Por supuesto, Toxo y los suyos adornan su entrega con retórica huera: la nota de prensa que daba cuenta del Consejo, por ejemplo, llevaba el ambiguo titulo: «Entre el acuerdo y la huelga general»; el Consejo da el plazo del próximo 25 de enero como límite para conocer las posibilidades de acuerdo; insiste en su oposición a la reforma de las pensiones (únicamente  al aumento de la edad de jubilación a los 67 años, eso sí) y no descarta el posible desacuerdo y la convocatoria de futuras movilizaciones.

No deja de ser retórica para disimular su miedo. Y no hablamos de miedo personal, sino del más peligroso de los miedos en dirigentes de una organización de clase: el miedo político, la desconfianza en los trabajadores, el terror a enfrentarse a la gran patronal representando los intereses de la mayoría trabajadora.

De hecho, han ido mucho más allá: de un modo irresponsable, han propuesto un pacto global, con participación de las fuerzas políticas y sociales; es decir del Gobierno, la derecha neofranquista y nacionalista y la patronal («para calmar a los mercados», fue la salida de tono del portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, en la rueda de prensa).

No cabe mayor sinsentido y ceguera: llevamos un año soportando los más brutales ataques de la oligarquía, sin un solo descanso, con continuas provocaciones (la última, que ha encendido a los empleados públicos, el plan de recortes del gobierno murciano del PP); y quienes deberían dirigir la respuesta de la mayoría trabajadora, se ofrecen a pactar un acuerdo global, precisamente, con quienes imponen las medidas sin rebajar en ningún momento sus objetivos.

El argumento principal de los oportunistas no se sostiene. El sindicato, dicen, no puede ser el que abandone la negociación, hay que explorar cualquier posibilidad de acuerdo, por mínima que sea. Pero en el Consejo del 11 no se trataba de rechazar la negociación, sino de determinar, concretar más bien, las movilizaciones que deberían respaldarla y dejar clara la disposición de los sindicatos a defender en la calle los derechos de los trabajadores que pretende pisotear la oligarquía.

Por otra parte, el propio Zapatero, con su impudicia habitual, dejó claras las cosas, la misma tarde del martes, al declarar en una reunión ante los principales empresarios, banqueros y especuladores que no iba a cambiar ni una sola de sus intenciones. Los planes de ajuste siguen adelante: el Gobierno sigue empeñado en aumentar la edad de jubilación, reformar la negociación colectiva, desarrollar los reglamentos de la reforma laboral (el primero presentado, sobre las agencias de colocación, empeora el texto de la reforma y es un anticipo de lo que viene detrás), etc.  ¿De qué diálogo hablan entonces Toxo y Méndez?

Detrás de su actitud no hay prudencia, sino miedo y cobardía, simplemente. Estos bonzos sindicales, acostumbrados a la rutina anterior, argumentan que es preferible llegar a un acuerdo, aunque sea malo, antes del 28, que arriesgarse a nuevas reformas aún más duras. Pero, como señalaba un dirigente de la corriente de clase de CCOO, la estrategia del mal menor es una capitulación a plazos. ¿Quién asegura que el acuerdo va a suponer el fin de los planes de ajuste? ¿No incumplió Zapatero, con el decretazo contra los trabajadores del sector público, los acuerdos firmados seis meses antes? ¿No se han sucedido los cambios, siempre a peor, y los incumplimientos de acuerdos, leyes y normas suscritos con los sindicatos o aprobados por el Congreso? ¿Qué garantía hay de que, agachada la cerviz de los Toxo, Bravo, Méndez y cía., en marzo o en abril, o cuando los “mercados” (es decir, los Botín, González y compañía) lo consideren oportuno, no se apliquen nuevos y más duros planes de ajuste?

La razón de su cobardía es otra bien distinta: son perfectamente conscientes de que la lucha va más allá de lo coyuntural, de lo inmediato, que están en juego intereses generales de clase que van a exigir determinación política y firmeza para enfrentarse contra todo un sistema que erige en única razón de ser de la actividad económica, el interés de una ínfima minoría empresarial y financiera, íntimamente ligada a una clase política corrompida hasta la médula. Y eso les da auténtico pavor.

No obstante, la partida no está, ni mucho menos, perdida. El sector crítico mantuvo en el Consejo una posición consecuente, denunciando la actitud de Toxo y de la mayoría oficialista como cobarde e insensata, porque desorienta a los trabajadores y debilita al propio sindicato. Por primera vez en el mandato de Toxo, el sector crítico se desmarcó del informe oficial (15 abstenciones y dos votos en contra). Por primera vez desde el último Congreso, a pesar de los intentos de que compartieran la unanimidad de los sumisos, se hizo visible la oposición de un sector de la dirección y no hubo unanimidad.

Lo ocurrido, por otra parte, no es algo que no cupiera esperar: ya hemos dicho muchas veces que el aparato de dirección de los sindicatos de masas está anquilosado, burocratizado e influido por la ideología entreguista del social-liberalismo o del revisionismo. Pero el sindicato es más que su aparato de dirección, lo forman miles de cuadros y delegados y más de un millón de afiliados que no comparten esta cobarde decisión de sus dirigentes.

No es hora de rendirse; por el contrario, debemos redoblar nuestros esfuerzos por reforzar el sindicato y, dentro de él, a los sindicalistas de clase; por potenciar a cuadros jóvenes y combativos, decididos a representar los intereses de la clase trabajadora. Debemos incrementar la presión interna, denunciando en los órganos de dirección a quienes han acabado cediendo ante los cobardes.

La pelea no ha terminado, ni mucho menos, y las razones para ella se acumulan. Los Gobiernos (los de ahora y los que resulten de las próximas elecciones, si no ha sido posible, aún, articular una oposición política seria, firme y verdaderamente popular) van a continuar sus planes y terminarán por romper todos los obstáculos que impiden el desarrollo del enfrentamiento de clase. De hecho, no pocos de los brazos de madera que apoyaron con su voto la renuncia de Toxo y los suyos están “incómodos” con una decisión que saben errónea y que deben explicar a los afiliados.

El día 11, se impuso la cobardía de una dirección oportunista, incapacitada para dirigir con la firmeza requerida una lucha que se sabe larga y dura, pero inevitable. Pero la partida aún no ha terminado. Los sindicatos de masas son las principales organizaciones capaces de articular sus objetivos inmediatos y esta nueva renuncia provocará (debe hacerlo) una radicalización del debate interno. Recuperar el sindicato para la clase no es una tarea fácil, menos aún en circunstancias como las actuales, de extrema debilidad de las referencias políticas; pero dentro hay vida y resistencia, se mantiene la pelea por objetivos de clase y esa es la llama que debemos seguir avivando.

Fuente: PCE(m-l)

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