PLAN DE EMERGENCIA CONTRA EL PARO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Publicado: 27/11/2010 en Artículos, Opinión
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Madrid, 18 de noviembre de 2010. En la Comunidad de Madrid, como en el resto de España, el principal problema es el paro, causado por una destrucción acelerada del empleo, a su vez provocada por la recesión económica y un modelo productivo agotado y fracasado.

El inicio de la crisis financiera a nivel internacional en 2007 y el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, tuvieron efectos negativos inmediatos en el empleo de la Comunidad de Madrid.

La apuesta del Gobierno regional por el sector de la construcción como motor del crecimiento económico, además de las políticas de reducción y en algunos casos, de práctica supresión de impuestos, han sido decisivas en el desarrollo de la crisis en la Comunidad de Madrid. Mientras, la destrucción de empleo ha alcanzado cotas inasumibles (546.000 desempleados en estos momentos), atajar este desempleo no parece ser una prioridad del Gobierno regional, que muy al contrario, continúa insistiendo en una política económica errónea y socialmente injusta, que está teniendo como efecto un empeoramiento de la situación socio laboral de la región de Madrid.

El respaldo que han dado a la convocatoria de huelga general, el pasado 29 de septiembre, las trabajadoras y trabajadores madrileños, y el conjunto de la ciudadanía de nuestra región, debe servir de motivo de reflexión al Gobierno de la Comunidad de Madrid para rectificar sus políticas neoliberales que han sacrificado el gasto social durante los últimos años en los diferentes ejercicios presupuestarios.

La movilización general de las madrileñas y madrileños ejerciendo el derecho de huelga, y acudiendo a la multitudinaria manifestación de ese mismo día, lo fue tanto en su condición de trabajadores como de ciudadanos, dando una respuesta ejemplar y contundente a la reforma laboral, y también en defensa de sus derechos y de sus condiciones laborales y de vida.

La participación activa de los trabajadores de la región en la protesta que ha significado el paro general, ha expresado con meridiana claridad el malestar ciudadano ante una situación en la que son precisamente los trabajadores los únicos que están pagando las consecuencias de una crisis de la que no son en absoluto responsables.

El éxito de la movilización nos obliga a todos en el esfuerzo por conseguir la rectificación de estas políticas que no sólo no van a arreglar los problemas actuales, sino que, por desgracia, los van a acentuar, incrementando los niveles de paro —tal y como vienen registrando ya los dos meses más recientes de agosto y septiembre—, y agudizando la dualización social.

En este contexto, CCOO y UGT, creemos que los contenidos de la Iniciativa Sindical por la Comunidad de Madrid, presentada en septiembre y que se acompaña a este documento, son los más adecuados para dar una salida a la situación actual desde la atención prioritaria a los intereses ciudadanos, lo que, además, redundará en beneficio de las propias actividades productivas y económicas de la Comunidad de Madrid.

Es el momento para que nuestras propuestas sean tomadas en consideración por el Ejecutivo regional, dialogada con los sindicatos y aplicada en sus distintos puntos.

Pero al mismo tiempo es necesario actuar de manera inmediata en relación al primer problema de los madrileños, el desempleo masivo, con la puesta en marcha de un Plan de Emergencia que tenga la lucha contra el desempleo como prioridad.

Para hacer frente de manera decidida a esta situación, CCOO y UGT consideran necesario un Plan Regional de Emergencia contra el paro y la exclusión social, con el objetivo de crear 200.000 empleos y mejorar la protección social.
Se trata de un Plan con un plazo de 2 años, que tiene como objetivo principal la creación de 200.000 empleos (directos e indirectos). Así como el aumento de la protección social contra la exclusión a través de la Renta Mínima de Inserción (RMI) a 30.000 familias, que en estos momentos atiende únicamente a 12.900 familias y de un programa de mantenimiento de rentas para los desempleados sin prestaciones ni subsidios y sus familias.
Para la consecución de este objetivo se hace necesaria la firme voluntad política del Gobierno regional de dotar a este Plan Regional de Emergencia de los recursos económicos necesarios, que estimamos aproximadamente en 2.500 millones de euros.

En este sentido, desde CCOO Y UGT planteamos una serie de actuaciones en materia de ingresos y gastos, que permitirían la consecución de estos recursos. Unas medidas necesarias de adoptar para exigir el esfuerzo a quienes más tienen. Para corregir la injusticia de que los sacrificios recaigan, en exclusiva, sobre los asalariados y pensionistas, los mas castigados por la crisis y por las medidas de ajuste de las distintas Administraciones.
Estas medias se vertebrarían sobre tres ejes de actuación: la política fiscal, la racionalización del gasto público y la lucha contra el fraude fiscal.
Creemos que una reforma progresiva de la política fiscal, un control del gasto que evite el despilfarro improductivo y la lucha decidida contra el fraude, pueden ayudar decididamente en la recuperación económica.

CCOO y UGT proponemos obtener esos 2.500 millones de euros a través de las siguientes actuaciones:

A.- De Política Fiscal (que paguen más los que más tienen).
Desde CCOO y UGT defendemos una reforma fiscal que aumente los ingresos, pero de forma equilibrada. Frente a los regalos fiscales, la subida del IVA, de las tasas, nosotros apostamos por una reforma fiscal realmente progresiva centrada en una sola premisa: “que paguen más las grandes rentas, los grandes patrimonios y la banca”.
El propio Gobierno regional, presume de haber “regalado” en sus 7 años de gobierno la cantidad de 15.000 millones de euros, a través de bajadas selectivas de impuestos. El grueso de estos regalos fiscales se ha ejecutado desde el año 2007, con más de 10.500 millones de euros, en contraste en el mismo periodo el desempleo aumentaba en Madrid más de 340.000 personas.

Estas políticas de regalos fiscales han beneficiado de forma significativa sólo a un pequeño porcentaje de contribuyentes, los de mayor renta y patrimonio, por lo que, además de injustas, no han contribuido a reactivar el consumo ni la actividad económica.

El modelo fiscal impuesto por el Gobierno regional desde el año 2003, se resume en una política fiscal de reducciones, exenciones y supresiones de impuestos directos (tramo autonómico del IRPF, Impuesto de Sucesiones y Donaciones e Impuesto de Patrimonio), que han hecho depender a la hacienda madrileña de los impuestos indirectos, relacionados la mayoría de ellos con el mercado inmobiliario, principal víctima de la crisis económica actual (Impuestos de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Impuesto de Actos Jurídicos Documentados). Un modelo fiscal y unas políticas presupuestarias que cargan todo el ajuste en la reducción del gasto público y de los salarios y las pensiones.

Desde CCOO y UGT, creemos urgente una reforma fiscal basada en los principios de suficiencia y progresividad, que en el ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid, se traduciría en:

Aumento de dos tipos y tramos del IRPF alcanzando el 45 y 50%, quedando el tramo autonómico en un 17,87 y 22,87% respectivamente, para rentas mayores de 120.000 y 180.000 euros
Eliminación de las deducciones en el tramo autonómico del IRPF, que no tienen un criterio de renta salarial a la hora de su aplicación (familias numerosas, Mercado Alternativo Bursátil, educación privada, fundaciones, etc.) e incorporar nuevos criterios en la deducciones en función de las rentas salariales.
Recuperación de los tipos impositivos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, eliminando las bonificaciones y exenciones impulsadas por el Gobierno regional desde el año 2006, que han supuesto en la práctica la supresión de la mayor parte de este impuesto.
Incremento de un 1% del impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 7 al 8%, siguiendo lo realizado por otras comunidades, como Cantabria, Aragón, Cataluña, etc.
La creación o incorporación de impuestos ecológicos (fiscalidad verde) diseñados para penalizar y encarecer el uso de determinados bienes o procesos que perjudican al medio ambiente e incentivar las que tengan efectos favorables. Además algunos de ello serían de competencia municipal, y podrían dotar de recursos a los ayuntamientos, que vienen arrastrando un déficit histórico de financiación.

Mientras que en el ámbito de competencias estatales, las medidas serían las siguientes:

Reclamar al Estado la recuperación del Impuesto de Patrimonio hasta su conversión en un impuesto sobre grandes fortunas y patrimonios, lo que exige un cambio a nivel estatal.
Impulsar desde la Comunidad de Madrid, una tasa sobre depósitos bancarios a nivel estatal, con un tipo del 0,20%.
Proponer al Estado, cambios en las plusvalías patrimoniales para no primar la especulación y que ahora cotizan al 18%, cualquiera que haya sido el tiempo transcurrido para conseguirlas. Igualmente, modificar el impuesto de plusvalías municipal para su adecuación a las cantidades de la escritura.

Según nuestras estimaciones, la puesta en marcha de estas medidas podría suponer, para 2011 un aumento como mínimo de 1.000 millones de euros en la recaudación autonómica. Mientras que para 2012, con la suma de las medidas de competencia estatal, se podrían alcanzar más de 500 millones.

B.- De reducción del Gasto improductivo y superfluo.
Junto al incremento de los ingresos vía aumento de la recaudación, existen otras medidas para equilibrar las cuentas públicas y contribuir a la creación de empleo, una de la que mas impacto tendrían es el recorte de los gastos de carácter superfluo o improductivo, que en muchos casos son simplemente un derroche.
Los gastos en publicidad y propaganda, han tenido un enorme crecimiento desde el año 2003, hasta alcanzar 750 millones en el periodo 2007 – 2010. Proponemos una reducción del 50% en esta partida del gasto.
Otra partida que también ha crecido significativamente desde el año 2003, ha sido la correspondiente a altos cargos y cargos de confianza del Gobierno regional. Desde CCOO y UGT, proponemos una reducción del 50% en esta partida.
Igualmente, habría que actuar sobre las políticas ineficaces y de despilfarro en relación con los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y Entes Públicos, para lo que no sirven las extinciones, fusiones y enajenaciones contempladas en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad para 2011. En este sentido, estas medidas no solo no atacan el problema, sino que lo agravan al disolver instrumentos necesarios para estimular la economía regional. Igualmente, proponemos una reducción de los costes de los Servicios Públicos externalizados, fundamentalmente los nuevos hospitales de gestión privada, por la vía de exigir a todas las concesiones y contratas el recorte de los correspondientes beneficios empresariales en un 5%, manteniendo el empleo.
Otra medida muy importante de ahorro sería la utilización eficiente de los recursos humanos de la Administración regional, que haga innecesario el recurso generalizado a consultoras “amigas” que realizan tareas que son propias de los empleados públicos.
Esta reducción de gasto calculamos que permitiría un ahorro de 500 millones de euros en los dos años de vigencia del Plan.
C.- De lucha decidida contra el fraude fiscal para recuperar la recaudación.
En la estructura recaudatoria española, se hace cada vez más evidente que la carga tributaria pesa fundamentalmente sobre los asalariados. Mientras, el grueso del fraude se encuentra en las grandes fortunas, asesoradas por bufetes de abogados especializados en la ingeniería financiera y en la economía sumergida.
Esta economía sumergida que según diferentes cálculos puede suponer a nivel nacional unos 245.000 millones de euros, el 23% del PIB, si estuviera fiscalizada produciría unos 38.000 millones de euros de ingresos.
Hay que resaltar la enorme bajada de la recaudación regional entre 2006-2010, como consecuencia tanto de la crisis, como de los regalos fiscales y del posible aumento de la evasión fiscal, que ha pasado de de 4.355 a 2.128 millones de euros, es decir un descenso de 2.227 millones de euros (-104%).
Mientras los datos facilitados por el Gobierno regional respecto a los resultados de su Plan de lucha contra el fraude fiscal en la Comunidad de Madrid, nos dicen que el fraude descubierto entre los años 2006 y 2009 ha pasado de 369 a 529 millones de euros, es decir un aumento de 160 millones (un 30% mas). Desde CCOO y UGT creemos necesarios un esfuerzo por parte del Gobierno regional para que impulse un verdadero Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal y la economía sumergida, lo que permitiría aumentar en 500 millones lo recaudado por esta vía en los dos próximos años.
Esto implica incrementar el número de expedientes investigados y aumentar las inspecciones laborales en los polígonos y centros de trabajo, para combatir la economía irregular.
Para ello, se hace necesario dotar los organismos de inspección de suficientes recursos humanos y materiales.
MEDIDAS DE GASTO PÚBLICO PARA LA CREACION DE 200.000 EMPLEOS Y LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN MADRID.

Con los recursos obtenidos a través de las actuaciones descritas en el apartado anterior, en el entorno de los 2.500 millones de euros, se podría desarrollar este Plan de emergencia que proponemos desde CCOO y UGT, con la creación de 140.000-150.000 empleos directos e indirectos en 2011 y el resto hasta los 200.000, en 2012. Todo ello a través del establecimiento inmediato de las siguientes medidas:

1- Inversión productiva. Incremento de las inversiones públicas

Creación directa de empleo por parte de la administración mediante el impulso de la obra pública, rehabilitación de viviendas y la realización de servicios esenciales vinculados a la educación, la sanidad y atención a la dependencia.
Puesta en marcha de un Plan Regional para la contratación de personas en desempleo por las corporaciones locales y organismos públicos, con el objeto de reforzar los equipos y medios técnicos de los servicios municipales y otros organismos públicos, contribuyendo con ello a la prestación de un mejor servicio al ciudadano. Establecer un acuerdo con las Corporaciones Locales para el establecimiento de planes territoriales de empleo.
Desarrollo de un Plan Regional de Inversiones Públicas, que en cooperación con las entidades locales y gobierno central, coordine los recursos existentes para la construcción de dotaciones públicas e infraestructuras: centros educativos, residencias, centros de salud, centros de mayores, rehabilitación de polígonos, red de transporte ferroviario y carriles-bus interurbanos.
El Plan Regional de Inversiones Públicas pondría en marcha la construcción de dotaciones públicas e infraestructuras, como 150 centros educativos infantiles públicos, 60 residencias públicas, 50 nuevos centros de salud de atención primaria, 100 centros de día, rehabilitación y tecnificación de los polígonos industriales, mejora de la red de carreteras regionales, construcción de carriles-bus interurbanos además de la rehabilitación de viviendas.
Desde CCOO y UGT, manifestamos nuestra oposición a los recortes de inversión del Gobierno regional sobre lo ya presupuestado, que a su vez suponía un recorte importante sobre los años anteriores. En los años 2009, 2010 y 2011, entre lo recortado y lo no ejecutado, la inversión puede sufrir una caída de más de 2000 millones de euros y ser más de 150.000 los empleos susceptibles de haber sido creados..

2- Creación de un Agencia de Crédito Oficial Regional.
CCOO y UGT, consideramos imprescindible en la actual situación de práctica ausencia de financiación bancaria para PYMES, autónomos y familias y ante el escaso éxito de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno regional, la evaluación de estas y la necesidad de un nuevo impulso. Con este fin proponemos la creación de una Agencia de Crédito Oficial de la Comunidad de Madrid, que permita cubrir esa necesidad urgente de financiación, por medio de avales y créditos públicos.

3- Medidas destinadas al mantenimiento de rentas y ayudas a las familias.

El mantenimiento de ingresos para los colectivos mas perjudicado por la crisis, es un factor clave para la salida de dicha crisis. Por ello, ante el incremento del desempleo y el aumento del paro de larga duración, es necesario el apoyo hacia las personas desempleadas y sus familias aumentando las prestaciones económicas. Con este objetivo y de manera integral con la políticas activas proponemos la creación de un programa de mantenimiento de rentas para aquellas personas que han perdido el empleo y han agotado las prestaciones y ayudas.
Reforzar la lucha contra la exclusión social. Y con este fin mejorar la Renta Mínima de Inserción, con el objetivo de llegar a las 30.000 familias perceptoras, adaptándola a las necesidades actuales y agilizando el procedimiento de gestión. Con Incremento de la cuantía básica, así como la puesta en marcha de una campaña informativa sobre esta prestación y el refuerzo de los dispositivos de atención social vinculados a la misma.

4- Hacer eficaces los Servicios Públicos de Empleo e intensificar la creación de empleo directo por parte de la Administración regional.

Potenciación de los servicios públicos de gestión directa como medida generadora de empleo y de calidad de los derechos sociales. Creación de empleo público para hacer frente a las necesidades sociales y , con carácter inmediato, actuar sobre la aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia en la Comunidad de Madrid, la extensión de la educación infantil, la FP y las acciones contra el fracaso escolar y el abandono temprano, así como la eliminación de las listas de espera sanitaria.
Revisar el funcionamiento del el Servicio Regional de Empleo, organismo responsable en nuestra Comunidad de llevar a cabo las políticas de empleo, y dotarle de un papel más activo, dinámico y eficaz en la respuesta a los problemas del desempleo. Esto exige un plan específico acordado con los agentes sociales que supere la actual falta de transparencia e ineficiente gestión.
Incrementar los recursos del Servicio Regional de Empleo, con aumento de sus plantillas para una mejor atención personalizada a las personas en desempleo y mayor eficacia en los itinerarios de inserción. Establecer un plan especifico e itinerarios de inserción laboral para jóvenes, mayores de 45 años y desempleados de larga duración.
Intensificar los controles de la Inspección de trabajo para combatir la economía irregular.

CCOO y UGT proponen que este conjunto de medidas esté orientado a complementar la apuesta por un cambio de modelo productivo regional y en este sentido, deben completar el Plan FICAM 2009-2012 y el Plan Regional de I+D+i (PRIDI), cuyo cumplimiento estricto exigimos.

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