Que parte de mis impuestos vayan a financiar una empresa privada por el mero hecho de que muchos españoles se manifiestan a favor de consumir su producto, me saca de mis casillas. ¿Se imaginan que el Estado tuviera que financiar a Coca – Cola porque los españoles fuéramos fervientes consumidores de sus refrescos? ¿O que tuviéramos que pagar a los diseñadores de Adidas porque nos gusta mucho la línea de su ropa deportiva? Pues bien, ¿cómo es posible que haya gente con aparente sentido común que nos quiera convencer del deber de financiar a la Iglesia Católica diciéndonos que son muchos los españoles que siguen su credo?

Más aún cuando estamos viendo que las distintas administraciones tienen graves problemas de financiación. Hace unos días podíamos leer en Público que en 2009 habían ido a la hucha de la Iglesia Católica 6.348 millones € de las arcas del Estado de los cuales, 240 millones de IRPF, 600 para pagar a los “catequistas” de colegios e institutos públicos y profesores de la concertada, 3.500 para los centros concertados y 235 millones para hospitales concertados.

Para que nos hagamos una idea del montante, el dinero destinado al Nuevo Plan E, para todo el país, será de 5.000 millones. A todo este dinero hay que añadir que para la Iglesia están exentos del pago de Impuesto de Sociedades los donativos, las colectas, los rendimientos del patrimonio mobiliario (intereses, dividendos, etc.) e inmobiliario (alquileres, etc.) y las plusvalías generadas por ventas de patrimonio. También están exentas algunas actividades económicas de asistencia social, las prestadas en hospitales y colegios, las editoriales y librerías, las visitas culturales, la realización de cursos o conferencias, las actividades deportivas y aquellas cuyo importe no supere los 20.000 euros. Están exentas del IBI (es propietaria de unos 100.000 inmuebles) y del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. También del pago de plusvalías por terrenos, del Impuesto sobre sucesiones y donaciones y del Impuesto de Actividades Económicas. Suma y sigue. Las donaciones a la Iglesia Católica desgravan un 25% del IRPF (caso de personas físicas), y un 35% del Impuesto de Sociedades (caso de personas jurídicas), lo que supone que el Estado aporta el 25% (o el 35%) de esa cantidad. Según datos de la Conferencia Episcopal, esto ha podido suponer casi 80 millones de euros en 2008. Lo que está claro es que en una época como la que atravesamos de profunda crisis económica, la Iglesia Católica Española va a seguir recibiendo “religiosamente” del Estado.

No se puede quedar sin comentar la reforma que hizo Aznar en 1998 de la Ley Hipotecaria, que permite a la Conferencia Episcopal registrar a su nombre inmuebles como templos, cementerios o casas sacerdotales que, hasta ahora, carecían de títulos de propiedad. Según la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, “desde 1998 la Iglesia se ha hecho con 1.086 bienes por esta vía en la comunidad, pagando un precio medio de unos 20 euros por cada bien inscrito”. Esta plataforma indica que “fue el Ministerio de Justicia el que hizo públicos estos datos, por lo que pide de nuevo a este departamento que publique los datos a nivel nacional”. A todo esto, hay que añadir los “regalos” que distintos ayuntamientos siguen haciendo a la “pobre” Iglesia Católica. Así, José María Álvarez del Manzano, ex alcalde popular de Madrid, cedió en 1997 al Arzobispado 42.899 m2 de suelo público valorado en 120 millones de € en diferentes barrios de la capital a cambio de 25.000 m2 de suelo rústico en el Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares valorados en 3’6 millones. Como vemos, el negocio fue redondo.

No hay que irse a Madrid para ver este tipo de “ofrendas”; en el año 2005, el Ayuntamiento de Ávila recalificó un terreno rústico propiedad del Obispado para ampliar el polígono industrial que estaba al 60 % de su utilización. El Obispado lo vendió por 19 millones de €. Lo que dice el Ejecutivo de Zapatero es que España es un Estado aconfesional y por ello el Gobierno no puede financiar directamente a ningún credo, pero como vemos la realidad es otra muy distinta.

En 2004 y en el marco del Plan de la Alianza de Civilizaciones con el fin de dar apoyo a las minorías religiosas, se crea la Fundación Pluralismo y Convivencia, presidida por el Ministro de Justicia. Desde entonces, esta fundación ha repartido más de 15 millones de euros para financiar a las federaciones religiosas minoritarias y a otros proyectos de fomento de la libertad religiosa. Además, los Presupuestos Generales para 2010 aprobaron la declaración de Bien de Interés Cultural de la Jornada Mundial de la Juventud, que en el verano de 2011 traerá a Benedicto XVI a Madrid. Esto supone, entre otras cosas, que las empresas que financien el evento recibirán exenciones fiscales de hasta el 80%. Y aunque Ratzinger no viene a España como jefe de Estado, las distintas Administraciones garantizarán la seguridad de toda la jornada, así como lo relacionado con la sanidad, limpieza, logística… Algunas fuentes cifran que el gasto oscilará entre los 20 y 25 millones de euros. Sólo una última reflexión; recordarán que el año pasado el Ayuntamiento de Arévalo se gastó 280 € en concepto de pago de gallos de la Virgen de las Angustias, ¿cuánto nos habrá costado este año?

*Julio Rodriguez es miembro de Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos ARÉVALO

Que parte de mis impuestos
vayan a financiar una
empresa privada por el
mero hecho de que muchos
españoles se manifiestan a favor de
consumir su producto, me saca de mis
casillas. ¿Se imaginan que el Estado tuviera
que financiar a Coca – Cola porque
los españoles fuéramos fervientes consumidores
de sus refrescos? ¿O que tuviéramos
que pagar a los diseñadores de
Adidas porque nos gusta mucho la línea
de su ropa deportiva? Pues bien, ¿cómo
es posible que haya gente con aparente
sentido común que nos quiera convencer
del deber de financiar a la Iglesia Católica
diciéndonos que son muchos los españoles
que siguen su credo? Más aún
cuando estamos viendo que las distintas
administraciones tienen graves problemas
de financiación.
Hace unos días podíamos leer en Público
que en 2009 habían ido a la hucha de
la Iglesia Católica 6.348 millones € de
las arcas del Estado de los cuales, 240
millones de IRPF, 600 para pagar a los
“catequistas” de colegios e institutos
públicos y profesores de la concertada,
3.500 para los centros concertados y 235
millones para hospitales concertados.
Para que nos hagamos una idea del montante,
el dinero destinado al Nuevo Plan
E, para todo el país, será de 5.000 millones.
A todo este dinero hay que añadir que
para la Iglesia están exentos del pago de
Impuesto de Sociedades los donativos,
las colectas, los rendimientos del patrimonio
mobiliario (intereses, dividendos,
etc.) e inmobiliario (alquileres, etc.) y
las plusvalías generadas por ventas de
patrimonio. También están exentas algunas
actividades económicas de asistencia
social, las prestadas en hospitales y colegios,
las editoriales y librerías, las visitas
culturales, la realización de cursos o conferencias,
las actividades deportivas y
aquellas cuyo importe no supere los
20.000 euros. Están exentas del IBI (es
propietaria de unos 100.000 inmuebles) y
del pago del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales. También del pago de plusvalías
por terrenos, del Impuesto sobre
sucesiones y donaciones y del Impuesto
de Actividades Económicas. Suma y sigue.
Las donaciones a la Iglesia Católica
desgravan un 25% del IRPF (caso de
personas físicas), y un 35% del Impuesto
de Sociedades (caso de personas jurídicas),
lo que supone que el Estado aporta
el 25% (o el 35%) de esa cantidad.
Según datos de la Conferencia
Episcopal, esto ha podido suponer casi
80 millones de euros en 2008. Lo que
está claro es que en una época como la
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