Las recientes medidas de E. Aguirre y su gobierno de cerrar el 31 de enero, más de 200 de los populares CAPI (Centros de Acceso Público a Internet) con la débil excusa de que “ya han cumplido sus objetivos” afectará a miles de ciudadanos e inmigrantes cercenando su derecho de acceso a la Sociedad de la Información que es como “nuestros” politicastros pomposamente llaman a las nuevas tecnologías e Internet, no es un caso aislado ni siquiera original de la “Lideresa”, tan dada ella a privatizar lo público y cerrar todo aquello que no puede privatizar.

PP y PSOE, jugando siempre al “dónde dije digo, digo Diego” han tratado de hacernos creer que quieren desarrollar el conocimiento tecnológico de la ciudadanía pero lo cierto es que desde que Anna Birulés, ministra del asunto con Aznar, privatizó Telefónica e hicieron, como primera medida para enseñar y extender el uso de Internet, la fracasada campaña de autobuses “Internet para todos” (luego imitada y repetida por el gobierno Zapatero con idénticos resultados de fracaso) y otras medidas y campañas -pocas- mediocres y de cara a la galería mediática; el avance en dos décadas ha sido ínfimo por no decir absolutamente nulo.

Desarrollar la Sociedad de Información es hacer que toda la ciudadanía tenga acceso a las nuevas tecnologías, comenzando por un acceso a Internet barato y rápido, y que su desarrollo y difusión comience en  colegios, institutos y universidad pero también en barrios, bibliotecas, centros de cultura y administraciones.

La desgana e incompetencia de estos gobernantes (pasados, del momento y futuros que vengan con este estado monárquico), así como su total desconocimiento de la materia junto a los intereses que mantienen unos y otros con las multinacionales del ramo, no hace esperar que las cosas vayan a mejorar.

En estos momentos, los ciudadanos ya deberían tener como derecho acceso a Internet en todo el estado y no ser, como ahora, víctimas del mercadeo de las operadoras que hacen pingües negocios con sus engaños y falta de servicios dónde no les es rentable (por solo poner un apunte: aun hay más de trescientas mil personas que no tienen siquiera acceso a la telefonía básica, tal es la situación). También deberíamos tener formación gratuita y continuada del uso correcto de las tecnologías, la preparación de los maestros y profesores (se dan casos que los alumnos son los que les enseñan a utilizar la Red  o las aplicaciones a  los profesores, y no al revés) y, sobre todo, el estado no debería primar el software privativo.

Esto último es importante. No solo porque existe otro software, el llamado libre, si no porque el estado no debe ni tiene por qué ser la agencia comercial, publicitaria y de distribución de supranacionales como Microsoft o Adobe sino todo lo contrario, debe velar por nuestros derechos e intereses frente a los abusos de éstas(1). Los hechos demuestran que, sin embargo, todo el software -programas- que utilizan las administraciones, es de esas multinacionales a las que se les pagan cifras multimillonarias y obligan al usuario, al ciudadano, a usar esos mismos programas aunque sean malos y caros y no quiera utilizarlos (p.e.: casi todos los documentos oficiales son en formato de Microsoft Office Word en detrimento de otros programas libres como Open Office Writer que además es gratuito) . El uso de software libre ahorraría cientos de millones  de euros al erario público, permitiría su adaptación a los casos concretos gracias al acceso a su código (las licencias del privativo solo son para su uso, no permiten cambios en el código que es cerrado y secreto) y no nos haría dependientes a intereses económicos ajenos. Aparte de que las administraciones públicas ignoran a quienes usan otro tipo de programas también son cínicas en sus planteamientos: andan muy escandalizados con la piratería y nada dicen de que la mayoría de los usuarios personales utilizan esos programas privativos de forma “ilegal” porque ésta piratería si le interesa a esas multinacionales para hacer a los usuarios dependientes de sus creaciones y por extensión a las administraciones y empresas.

La solución es cambiar estas políticas, oscurantistas y antipopulares e imponer una auténtica sociedad, no de la información, sino informada que entienda, aprecie y use las nuevas tecnologías para compartir, enseñar, aprender y opinar  libremente. Y eso solo ocurrirá cuando el estado no sea un estado al servicio de los poderosos si no del pueblo: las próximas elecciones a los ayuntamientos en el 2011 puede ser el primer paso para ese cambio: el camino hacia la III República Popular y Federal.

(1) Los gobiernos de Alemania y Francia, nada sospechosos de ser progresistas, recomiendan oficialmente a sus ciudadanos alejarse del navegador de Internet IExplorer de Microsoft por motivos de seguridad. Más información

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