La resolución adoptada para negar a la viuda de Sánchez Bravo la indemnización a la que tiene derecho, es simplemente canallesca. Sánchez Bravo, Baena Alonso y García Sanz, fueron asesinados después de un juicio farsa en el que se les negó toda posibilidad de defensa, en el que los “jueces” militares no admitieron   ninguna prueba, ni testimonio. El consejo de guerra, sumarísimo, en el que se aplicó un decreto con carácter retroactivo (los hechos de los que se acusaban a nuestros camaradas ocurrieron el 16 de agosto y el Decreto fue firmado el 26) fue denunciado por los observadores internacionales que asistieron a él, como una burla de cualquier norma jurídica. Fue un juicio fascista, basado en falsas pruebas policiales. El abogado suizo Christian Grobet, exponía en su informe como observador internacional:LOSULTIMOSFUSILADOSDELFRANQUISMO

«El que suscribe no puede por menos que constatar una vez más que los derechos elementales de la defensa, es decir, el derecho que tiene el acusado a ser juzgado con equidad…han sido menospreciados en España, de la manera más grosera.

El proceso de los cinco militantes del FRAP ha constituido un simulacro…

Es evidente que el régimen franquista no podía dejar impune el asesinato de un policía, sobre todo en el clima de actual represión que ha alcanzado su paroxismo con la promulgación de la Ley Antiterrorista, cuya finalidad es amordazar cualquier forma de oposición.

Era preciso encontrar culpables para inflingirles el castigo ejemplar exigido por ciertos sectores del régimen… ¿Pero son realmente culpables los miembros del FRAP que están siendo juzgados?

[…] El que suscribe nunca ha tenido, desde que asiste a procesos políticos en España, un  sentimiento tan acusado de asistir a tal simulacro de proceso, en definitiva una farsa siniestra, sobre todo si pensamos en la suerte que se reserva a los acusados.»

Ese era el sentir general, claramente expuesto por el abogado de Baena Alonso, Javier Baselga:

«…éramos conscientes de que todo estaba hecho y juzgado, sin esperar al resultado del juicio oral,  ni a ninguna prueba. Había unas posiciones tomadas. La dictadura, presionando a través de los jueces militares, había tomado la decisión anticipada de condenar a muerte  a algunos, sin que les importara demasiado quienes eran y qué clase de pruebas existían, como escarmiento político…»

La llamada Ley de Memoria Histórica, es otra farsa, como el juicio de nuestros camaradas, pues de ella se excluye, no sólo a los luchadores  revolucionarios antifascistas, sino también a los guerrilleros que continuaron su lucha contra la dictadura, a los militantes antifranquistas ( de distintas ideologías) asesinados, como Grimau, por ejemplo.

Esta nueva farsa “jurídica” proviene de un régimen cuya máxima cabeza fue elegida por el asesino Francio como sucesor, juró los Principios del Movimiento fascista y nunca ha adjurado de su pertenencia institucional a la dictadura; de un sistema judicial que hasta ahora ha negado con carácter general, a los familiares de decenas de miles de asesinados  por el franquismo, sin juicio o víctimas de farsas judiciales como la que en 1.975 llevó ante el pelotón de fusilamiento a nuestros camaradas, el mas elemental de los derechos: poder recuperar los restos de los suyos y obtener la condena política y jurídica del régimen criminal que les asesinó;  del mismo régimen político que ha negado con la vergonzosa Ley de Memoria Histórica y su rechazo a la aplicación del criterio de justicia universal, la condena explícita del franquismo, como régimen criminal y último representante del nazi fascismo europeo y que permite, por tanto, que los asesinos franquistas que impusieron la ley del terror sistemático y organizado como política de Estado, respondan de sus ominosos e impunes crímenes. ¿Cómo pueden tratar de terroristas a nuestros camaradas quienes violan de esa forma los más elementales principios de la justicia y de la decencia política? ¿Cómo pueden validar los dictámenes de la policía y de los tribunales  fascistas y pretender que se respete semejante decisión arbitraria, que pretende dar validez “jurídica” a un régimen que hizo del terror la base de su política de seguridad?

«Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión». (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.)

La decisión tomada sobre Sánchez Bravo, en base a los informes de la policía franquista y a la sentencia dictada por el juicio farsa, es pura y simplemente dar por buena aquella farsa, legitimar a la dictadura, es justificar hoy aquellos asesinatos y aquella parodia de justicia. Es simplemente indecente e indignante.

Con nuestra más enérgica protesta por esa decisión, declaramos una vez más, que los militantes del FRAP no éramos terroristas, éramos revolucionarios consecuentes que nos opusimos a la dictadura que seguía encarcelando, torturando, asesinando a los que luchábamos por la libertad y la democracia, éramos y somos republicanos que no aceptamos la impuesta monarquía. No renunciamos a nuestra militancia comunista, (no todos los militantes del FRAP eran comunistas; sí lo eran los tres fusilados) ni renegamos de nuestra pasado, al contrario, lo reivindicamos con orgullo.

Llamamos a todas las organizaciones y personas progresistas a denunciar esta nueva farsa con la que, insistimos, se justifica a la dictadura fascista de Franco y los franquistas. Reivindicamos y defendemos la memoria de  Sánchez Bravo, de Baena Alonso y de García Sanz, que son ejemplo de firmeza revolucionaria, de temple comunista.

Secretariado del Partido Comunista de España (m-l)

Madrid, Julio de 2009

http://pceml.info/

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